domingo, 21 de enero de 2018

6 AÑOS ESPERANDO…importante para los costarricenses.



De Ricardo Vilchez Navamuel

La comunicación recibida por el Lic. Rafael Ángel Calderón de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) no solo es importante para el Ex-Presidente  y su familia, sino también  para todos los costarricenses. 

Después de 6 años de haber presentado una demanda por la violación de al menos 11 derechos  fundamentales;  recibe una misiva que en resumen dice así: “… se acepta el caso presentado por don Rafael Ángel  y le da al Estado Costarricense 3 meses de plazo para responder por la violación de esos derechos durante el proceso penal”.

Que la CIDH acoja semejante demanda de parte de un Ex-Presidente de Costa Rica al que se le reconoce su tradición demócrata y por ser defensor de los derechos humanos;  nos pone en alerta y nos hace ver, que esto va más allá de  don Rafael Ángel y de su familia,  que hay indicios  de la violación de estos derechos en Costa Rica y que por la tanto -según lo comprendemos- la CIDH pone especial atención,  pues resulta de especial importancia para todos los costarricenses.
 
Desde ya y probablemente como resultado de todo lo que surja de ello,  las instancias  que competen especialmente a las partes acusadoras dentro de nuestro sistema judicial, deberán de poner  “las barbas en remojo” para que por ejemplo el principio de inocencia que debería de ser sagrado en nuestro país vuelva a ser restituido dentro de nuestro sistema judicial.

La CIDH, según interpretamos acoge la demanda no solo porque se pueden haber violado once derechos fundamentales en este caso particular, sino también porque si ha hecho con un Ex-presidente,  de seguro lo habrán hecho con otras personas, es una llamada de atención al Estado Costarricense.

Antes de proceder a encarcelar y acusar a una persona, las instancias judiciales deben de hacer un trabajo de investigación más profundo, para tener una certeza suficientemente fuerte, que no permita precipitarse por asuntos meramente mediáticos, pues  un error de esta magnitud,  lleva por un lado al desprestigio del sistema judicial y de nuestro sistema democrático y por otro,  al sufrimiento  de la persona involucrada y su entorno familiar.

Si la CIDH acogió esta demanda, debe de estar muy bien sustentada pues sabemos que tan solo el 10% de ellas son aceptadas. Esperaremos a ver que responde el Estado Costarricense, aunque pareciera, va a tener que admitir que en este caso se violaron los derechos humanos y por lo tanto, muy probablemente la condenatoria no procede.